Una promesa incumplida sin excusa constituye un incumplimiento de contrato, independientemente de que se trate de un contrato privado o un contrato gubernamental. Un contrato, en su esencia jurídica, es una promesa exigible. El gobierno federal compra todo tipo de bienes y servicios para cumplir con sus deberes y obligaciones gubernamentales. El gobierno celebra esencialmente tres tipos de contratos federales:
- El Contrato de Precio Fijo, donde los bienes o servicios se compran por un precio negociado y definido.
- El Contrato de Reembolso de Costos, donde se aplican las normas de Contabilidad de Costos (CAS).
- El Contrato de Cantidad, Entrega y Tiempo Indefinido, y Materiales y Mano de Obra.
El gobierno federal utiliza procedimientos negociados o procedimientos de licitación sellada al celebrar contratos. Al entrar en un contrato gubernamental, los contratistas federales siempre deben asegurarse de que los funcionarios gubernamentales tengan la autoridad para obligar al gobierno.
Además, existen cláusulas que se encuentran prácticamente en todos los contratos gubernamentales y que los contratistas federales deben comprender. Estas disposiciones son:
- La Cláusula de Cambios
- La Cláusula de Terminación por Conveniencia
No encontrará estas disposiciones en contratos privados. En los contratos gubernamentales, puede esperar cambios y puede esperar que el gobierno termine el contrato si considera que es ventajoso hacerlo. Otra cláusula típica en todos los contratos federales es la Cláusula de Transmisión (Flow-Down), que simplemente significa que los términos y condiciones del contrato del gobierno con el contratista principal se transmiten a todos los subcontratistas. Esta cláusula no es exclusiva de los contratos gubernamentales; algunos contratos privados también la incluyen. Aun así, todos los contratistas que participan en un proyecto gubernamental o que suministran bienes y servicios en un proyecto federal deben conocer las obligaciones, riesgos y responsabilidades que implica la cláusula de transmisión.
La diferencia central entre los contratos privados y los contratos gubernamentales es el sistema de regulación de adquisiciones federales que rige todos los aspectos de la contratación del gobierno federal. Este sistema está compuesto por las Regulaciones Federales de Adquisiciones (FAR) y varias regulaciones suplementarias, como las Regulaciones Federales de Adquisiciones del Departamento de Defensa (DFAR) y otras regulaciones adicionales. La contratación gubernamental está fuertemente regulada por estatuto y por el derecho consuetudinario.
¿Por qué es tan compleja la contratación del gobierno federal?
Porque se están gastando fondos de los contribuyentes. Las regulaciones existen para proteger al contribuyente y garantizar que las compras gubernamentales estén libres de fraude, abuso y corrupción. El gobierno debe adquirir bienes y servicios al mejor precio y de la mejor calidad. Para ayudar a las agencias federales en esta tarea, el proceso es altamente regulado. La transparencia es uno de los objetivos clave en la contratación gubernamental. Se requiere transparencia tanto de los funcionarios gubernamentales como de los contratistas federales. Por lo tanto, quienes contratan con el gobierno deben esperar que sus libros y registros sean revisados, examinados e investigados antes, durante y después del desempeño del contrato.
Los contratistas federales (contratistas principales y subcontratistas) deben seguir estrictamente las regulaciones de principio a fin. Todo el proceso está regido por las FAR o los suplementos aplicables. La Ley de Resolución de Disputas Contractuales de 1978 (CDA), codificada en 41 U.S.C. §§ 7101-7109, establece el marco exclusivo para las reclamaciones de contratistas federales contra el gobierno. Bajo este estatuto, cada reclamación de un contratista contra el gobierno federal relacionada con su contrato debe presentarse al funcionario contratante para una decisión (41 U.S.C.A. § 7103). Si la reclamación excede los $100,000, debe ser certificada. Este requisito de presentación es jurisdiccional, lo que significa que obtener una decisión final del funcionario contratante es un requisito previo para cualquier acción posterior ante una Junta de Apelaciones Contractuales o un tribunal federal. Las reclamaciones de subcontratistas son extremadamente complicadas porque los subcontratistas no tienen un contrato directo con el gobierno federal.
La CDA se aplica ampliamente a todos los contratos federales, excepto cuando se excluyen específicamente, como ciertos contratos de la Autoridad del Valle de Tennessee o contratos con gobiernos extranjeros cuando el jefe de la agencia determina que su aplicación no es de interés público (41 U.S.C.A. § 7102). Esta cobertura integral garantiza procedimientos uniformes en todas las agencias federales para manejar disputas con contratistas. Los contratistas gubernamentales típicamente necesitan orientación legal regular y constante para evitar violar las reglas y regulaciones que se aplican prácticamente a todos los contratos federales.
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